Efemérides

Uno de los interrogantes más destacados durante la segunda república en Colmenar Viejo se encuentra en la dimisión del alcalde, médico de profesión, Eduardo González Ortega. Había accedido a la alcaldía tras los positivos resultados electorales de las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931, y que, como se sabe, la consecuencia inmediata para el conjunto del país, a través del triunfo del bloque republicano-socialista, fue la proclamación de la segunda república.

González Ortega justificó su dimisión en el largo tiempo que llevaba al frente de la alcaldía, cuestión que le ocasionaba una serie de perjuicios, además del carácter provisional con que hubo de aceptar su cargo el 15 de abril de 1931. Con anterioridad, y hasta en otras cuatro ocasiones,había puesto su cargo a disposición de los ediles, la primera de ellas, incluso, tan solo dos meses después de la toma de su posesión, aunque, en este caso, parece ser que trataba de un problema administrativo.

Nada más acceder a la alcaldía, concretamente 16 días después, González Ortega celebraba un pleno extraordinario para dar a conocer a la corporación municipal el comunicado del Consejo de Administración de la empresa Fomento de Obras y Construcciones, sobre la decisión de “paralizar los trabajos en este pueblo por las dificultades para la colocación de materiales producidos de los que tiene sin invertir una gran cantidad”. De esta manera, Colmenar Viejo conocería su mayor crisis socioeconómica, dada la fuerte implantación de dicha empresa en el municipio, donde trabajaban numerosos asalariados, añadiéndose a ello la paralización de las obras del canal del Lozoya. ¿Boicot a la República? Aunque no hemos podido profundizar en este aspecto, en opinión de varios informantes así fue.

Desde entonces, los ediles se encontraron abrumados por estas circunstancias, ofreciendo los obreros la alternativa de explotar directamente los filones de piedra en terrenos comunales. Por esta razón, al agudizarse el paro entre la población, algunas empresas imponían sus exigencias al ayuntamiento, dada su situación de debilidad para la negociación de cualquier canon ventajoso para el propio municipio. De ahí, que los intereses empresariales avasallaran los derechos de los trabajadores, como hacía la empresa Puricelli, que abastecía piedra a la Ciudad Universitaria. Hasta tal extremo llegó esta explotación que la diputada Clara Campoamor tuvo que formular una queja en el Congreso de los Diputados a los ministros de Trabajo y de Obras Públicas, e indirectamente al ministro de Instrucción Pública.

A ello, añádase la imposibilidad de llevar a acabo un plan de obras por parte de la corporación para embellecer y solucionar algunas carencias del municipio, de tal manera que permitiera emplear a varios trabajadores. Incluso, poco antes de la dimisión del alcalde, posiblemente durante el mes defebrero, había estallado una bomba en las instalaciones de Fomento de Obras y Construcciones, causando unos daños materiales valorados en medio millón de pesetas. Los casi tres años del mandato de GonzálezOrtega se desarrollaron bajo el común denominador de esta problemática socioeconómica; destacando, en mi opinión, por su papel de interlocutor, aunque fracasó su intento de diálogo entre los diferentes sectores sociales, al ver en esta actitud, con seguridad, evidentes signos de blandura, cuando lo que se esperaba era más dureza. En efecto, en un momento de radicalización sociopolítica y de fuerte crispación social, la actitud moderadora y dialogante para acercar posturas entre trabajadores y empresarios chocaba drásticamente, lo que suponía un fuerte impedimento para encauzar una gestión municipal eficaz, aunque, obviamente, esta problemática también debemos entenderla dentro de las circunstancias históricas que se desarrollaban en España, y esto mismo le ocurriría, pocos días antes de comenzar la guerra civil, al alcalde socialista Cosme Jeréz.